Relevancia Cultural
La población afrocolombiana tiene una tradición de lucha por sus derechos y autonomía que se ha articulado a un proceso universal de reconocimiento de la identidad afrodescendiente. La reconstrucción de la memoria histórica de los afrodescendientes de todo el mundo tiene como origen uno de los momentos históricos más lamentables de la humanidad: la esclavización y la trata trasatlántica de esclavos.
Historia
El día nacional de la Afrocolombianidad se conmemora anualmente desde el 21 de mayo de 2002, obedeciendo a la Ley 725 de 2001, la cual estableció este día como homenaje a los 150 años de abolición de la esclavitud en Colombia, consagrada en la Ley 21 de mayo 21 de 1851.
De igual forma, esta ley busca promover la recuperación de la memoria histórica de esta población, en la misma línea de construcción de identidad planteada en la conmemoración del Día Internacional para la Celebración del Bicentenario de la Abolición de la Trata Trasatlántica de Esclavos y el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificados por el Estado Colombiano.
Herramientas de protección
Aunque el reconocimiento de la diversidad cultural en Colombia, incluyendo a los afrocolombianos, tuvo un giro definitivo desde la promulgación de la Constitución de 1991, la cual estructuró un articulado legal que garantiza el pleno ejercicio de los Derechos y el reconocimiento de la diversidad cultural para todos los asuntos políticos, económicos y culturales, el día nacional de la afrocolombianidad se estableció formalmente a través de la Ley 725 de 2001. El sustento histórico de esta ley proviene precisamente de otra ley, la Ley 21 de mayo 21 de 1851, a través de la cual se llevó a cabo la liberación de los esclavos a mediados del Siglo XIX.
Sin embargo, al hablar de las leyes que benefician la población afro descendiente en Colombia, no se puede dejar de hablar de la Ley 70 de 1993 la cual «reconoce a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción y el derecho a la propiedad colectiva… Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.» (Ley 70, 1993).
Estadísticas Relacionadas
Según el estudio Colombia una nación multicultural, basado en el Censo general de población de 2005 y publicado por el DANE en 2007, los afrocolombianos ascienden a 4.311.757 personas, lo que corresponde a un 10,62% de la población total del país. En cuanto a la población afro descendiente, este informe indica que la población residente en el corredor del pacífico colombiano ocupa 132 Territorios Colectivos de Comunidades Negras titulados hasta el día de hoy, que corresponde a un territorio de 4.717.269 hectáreas, es decir el 4,13% de las tierras del país. (DANE, 2007: 23).
La Unidad de Víctimas estima que el conflicto armado en Colombia ha golpeado directamente a 794.703 afrodescendientes. Este grupo poblacional se concentra principalmente en el litoral Pacífico, de donde procede una de cada dos víctimas. En Buenaventura, a pesar de contar con cuatro de los puertos más productivos del continente, la tasa de empleo informal es del 94 por ciento y la población vive en constante zozobra por la presencia de pandillas y organizaciones delincuenciales derivadas de la desmovilización de los paramilitares, especialmente del Bloque Calima.
Y también está Quibdó, donde la Unidad de Víctimas calcula que el conflicto expulsó a 41.798 personas. Además, casi la mitad de la población está compuesta por desplazados que viven en un barrio que paradójicamente se hace llamar El Futuro.
Los afrodescendientes en el posconflicto tienen otro reto mayúsculo: las minas antipersona, que mantienen a comunidades completas confinadas, y que impiden cazar, pescar, cultivar en las zonas de reserva. En la lista de desafíos están además la minería ilegal y los cultivos ilícitos: el 15 por ciento de toda la coca sembrada en el país está en territorios comunitarios de afrocolombianos y en Chocó el 90 por ciento de la minería que se realiza es ilegal.
La restitución de tierras y el retorno a sus territorios ancestrales, son también una prioridad: 695.302 afros se han desplazado por la violencia; el 10 por ciento de ellos residía en territorios colectivos reconocidos por el Estado. Los grupos armados y las bandas criminales que seguirán disputándose las tierras de los afros ofrecen otro reto enorme: los Urabeños y los Rastrojos se mueven por departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño; y el ELN es muy fuerte en Chocó, Nariño, y algunas regiones del Cauca. A esto se suma el desplazamiento intraurbano provocado precisamente por estas pugnas: lo que sucedía exclusivamente en zona rural se trasladó a ciudades como Buenaventura, Tumaco y Quibdó
La legitimidad de un proceso de paz se construye desde los territorios, desde el reconocimiento de los derechos étnicos y la implementación de iniciativas con enfoques diferenciales. Solo queda esperar que la inversión para la paz territorial sea pertinente y concertada, que los temores de que arda de nuevo el fuego de la guerra tras la firma del acuerdo sean infundados, y que los recursos naturales y las formas de vida de las comunidades negras sean respetados, dándoles espacio a los liderazgos locales y las iniciativas propias.
PUBLICADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA EL 21 DE MAYO DE 2014